En medio de la controversia por la posible entrada del maíz transgénico estadounidense a México, organizaciones civiles han levantado la voz para defender los ecosistemas nacionales y la riqueza biocultural del maíz nativo. En una rueda de prensa virtual celebrada en la Ciudad de México, representantes de diversas agrupaciones destacaron los riesgos que enfrentaría la biodiversidad mexicana si se permite la comercialización de este grano modificado.

Carlos Ventura, integrante de la demanda contra el maíz transgénico y miembro de la Campaña Nacional "Sin maíz no hay país", fue claro en señalar que los ecosistemas del país, incluyendo los presentes en Hidalgo, albergan una variedad invaluable de maíces nativos adaptados a condiciones específicas. Estos maíces podrían ser desplazados si no se logra ganar la controversia en el panel bilateral con Estados Unidos, argumentó.

Por su parte, Gabriela Guzmán, abogada del Poder del Consumidor, y Josefina Rosas, representante del área de agroecología de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo y también parte del movimiento "Sin maíz no hay país", coincidieron en que el maíz mexicano no solo es una fuente alimentaria vital, sino también un referente global por su diversidad genética y su capacidad de resistencia a diversas condiciones ambientales, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los tres mil metros.

En el evento moderado por Monserrat Téllez de Semillas de Vida, se subrayó que la introducción del maíz transgénico representaría un riesgo de contaminación genética para las variedades locales a través de la polinización abierta. Además, se cuestionó la falta de evidencia sobre la inocuidad del grano estadounidense, requisito fundamental que no ha sido cumplido según las exigencias del gobierno mexicano.

La prohibición del maíz transgénico en México, decretada el año pasado como parte del T-MEC, ha generado un intenso debate que se espera culmine con el resultado del panel de controversia que será anunciado en noviembre. Las organizaciones civiles han recabado más de 100 mil firmas de apoyo en línea respaldando esta medida restrictiva, subrayando la importancia de proteger la diversidad biocultural y la seguridad alimentaria del país.

El conflicto evidencia dos posturas divergentes: mientras México defiende la preservación de su patrimonio biológico y cultural, Estados Unidos prioriza intereses comerciales. El resultado de esta disputa no solo tendrá implicaciones económicas y ambientales, sino que también definirá el futuro de la soberanía alimentaria mexicana y la preservación de sus ecosistemas únicos.

Con información de El Sol de Hidalgo.