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El Gobierno encabezado por Javier Milei ha enviado al Congreso de la Nación un controvertido proyecto de ley, descrito como "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", el cual otorgaría al Ejecutivo amplias facultades propias del poder legislativo bajo la justificación de una emergencia múltiple.

Este proyecto, que abarca diversos aspectos de la economía, política y sociedad en Argentina, busca la delegación de facultades legislativas en el poder ejecutivo, amparándose en una declaración de "emergencia pública". La propuesta llega en medio de tensiones generadas por un reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía, suscitando protestas y acciones judiciales cuando el pasado miércoles, al rededor de 8,000 personas, incluyendo organizaciones sociales y sindicales, se congregaron frente a la Corte Suprema de Justicia Argentina en Buenos aires.

De ser aprobada, la ley permitiría al Ejecutivo declarar la emergencia pública en ámbitos como la economía, finanzas, seguridad, defensa, energía, salud, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por dos años, es decir: el completo mandato de Javier Milei.

El proyecto propone la modificación, eliminación o adición de 664 artículos legales, concediendo al Gobierno una amplia capacidad de toma de decisiones sin necesidad de aval legislativo. Es necesario decir que la Constitución Nacional de Argentina, en su artículo 76, prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias específicas de administración o emergencia pública.

El camino del proyecto en el Parlamento es incierto, dado que la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, cuenta con una representación legislativa limitada, aunque cuenta con el respaldo de una parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio.

Entre las polémicas disposiciones del proyecto se encuentran reformas electorales para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para endurecer el control de manifestaciones callejeras y facultades para privatizar empresas estatales, reestructurar la deuda pública y autorizar ejercicios militares extranjeros en territorio argentino.

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