El sector empresarial de México ha solicitado posponer la discusión sobre la reducción de la jornada laboral hasta que el país experimente un aumento sustancial en la productividad.

José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), argumenta que en el actual escenario no es factible realizar cambios en el límite de horas de trabajo. Esto incluye tanto a la implementación de la reforma a través de un periodo de transición, como a una reducción menor a la que se considera actualmente en el Congreso.

Para los empresarios, es indispensable aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducir regulaciones y trámites administrativos antes de considerar la reducción de la jornada laboral.

El Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, que inicia hoy, se dedicará a analizar el impacto de la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Los representantes del sector empresarial participarán con la esperanza de que este ejercicio conduzca a una reflexión sobre las consecuencias negativas de la reforma.

Este año, las empresas ya han enfrentado tres aumentos significativos debido a cambios en la política laboral: el incremento del salario mínimo, la reforma de vacaciones y una mayor contribución patronal a las pensiones. Además, se estima que en el mercado laboral hay entre 1.2 y 1.6 millones de vacantes que no se pueden cubrir, lo que sería problemático en combinación con una reducción de las horas de trabajo.

Aunque no se oponen a avanzar en esta materia en el futuro, insisten en que en la situación actual no es la adecuada. Advierten que subir costos sin aumentar la productividad podría resultar en una pérdida de competitividad para el país, especialmente en el contexto del nearshoring.

La discusión sobre la reforma de las 40 horas laborales plantea posiciones encontradas entre el sector empresarial y la trinchera sindical, que aboga por su aprobación en el Congreso sin cambios. La jornada laboral en México no ha cambiado en más de un siglo, y la discusión actual busca una reducción de 48 a 40 horas semanales en el límite legal. Mientras que en la mayor parte de Latinoamérica se mantienen las jornadas de 48 horas semanales como regla general, recientemente Colombia y Chile avanzaron hacia la reducción a 42 y 40 horas respectivamente, ambas con una implementación gradual.

​